Nuevos cargos contra en presidenta de Argentina por caso de corrupción

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BUENOS AIRES._ El juez federal Claudio Bonadío, quien ha impulsado la mayoría de las causas por corrupción contra la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández, le imputó el jueves nuevos cargos como supuesta líder de una asociación ilícita para recaudar dinero de la obra pública durante su mandato y ordenó su arresto, para lo cual el Senado antes debería quitarle los fueros.

El magistrado amplió el procesamiento de Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, por los delitos de cohecho pasivo y admisión de dádivas, según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial. Al mismo tiempo dictó la prisión preventiva de la dirigente, lo cual se volvería efectivo si perdiera el fuero.

Bonadío además amplió el embargo sobre bienes y dinero de Fernández a 11.502.000.000 pesos (250 millones de dólares).

Estas medidas fueron adoptadas en el marco de una megacausa que investiga un supuesto un sistema de recaudación ilegal de fondos ideado por los gobiernos de centro-izquierda de Fernández y de su difunto esposo Néstor Kirchner (expresidente 2003-2007) que consistía en cobrar sobornos a empresarios a cambio de ser beneficiados con contratos de obra pública. Kirchner falleció en 2010.

La resolución de este jueves se dictó a pocos días del comienzo formal de la campaña para las elecciones generales de octubre, en las cuales Cristina Fernández, de 66 años, se ha postulado como precandidata a vicepresidenta en una fórmula encabezada por su exjefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, y que competirá contra el actual presidente conservador Mauricio Macri, quien buscará la reelección.

El caso se inició a partir de la aparición de fotocopias de anotaciones que llevaba en un cuaderno el chofer de un exalto funcionario kirchnerista sobre supuestas maniobras de recaudación de dinero de empresarios. A partir de este material y el testimonio de empresarios, antiguos funcionarios y financistas arrepentidos Bonadío detectó supuestas irregularidades en contratos de importación de gas natural licuado, adjudicación de corredores viales (peajes), subsidios al transporte ferroviario y transporte automotor de corta distancia y cartelización de obra pública (digitar las licitaciones de contratos).

“El dinero era entregado, alternativamente, a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en el domicilio particular” de los Kirchner, “en la Residencia Presidencial de Olivos, y en la Casa de Gobierno; siendo que parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”, afirmó Bonadío.

También imputó nuevos cargos a más de un centenar de procesados, entre ellos empresarios de renombre y exempresarios.

Tras esta resolución, el juez emitió otro fallo que dio puntapié para avanzar hacia el juicio oral y público contra la expresidenta en esta causa.

“Se puede afirmar que está investigado, expuesto y resuelto el nudo y la matriz de corrupción desplegada entre 2003 y 2015 por los funcionarios del exministerio de planificación federal y por los integrantes del Poder Ejecutivo de ese periodo”, sostuvo Bonadío.

Fernández niega los cargos y manifestó que es víctima de una persecución y ensañamiento por parte de Bonadío.

La senadora también enfrenta cargos por lavado de dinero, administración fraudulenta y el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994 en otras investigaciones judiciales. Se necesitan dos tercios de los votos de los senadores para que pierda su inmunidad. (AP) —

 

 

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