Empresarios firmar alianza por la Producción Nacional

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SANTO DOMINGO. Más de 15 organizaciones de la vida nacional acogieron el lema de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) de que “Sin producción no hay nación” en el marco de la firma por la Alianza Empresarial por la Producción Nacional, en busca de impulsar las transformaciones que necesita la República Dominicana para elevar sus niveles de competitividad en los mercados internacionales.

A través del documento presentado, plantean que buscan, además de los Pactos Eléctrico y Fiscal, un Pacto Económico y Social por la Producción Nacional que contemple la disminución de las tasas impositivas; la implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal; una reglamentación especial en materia laboral para el caso de las micro-empresas; la redefinición del andamiaje actual del sistema de pensiones; y, un marco de políticas públicas favorables a la producción nacional.

Asimismo, impulsar la reorganización de todas las instituciones del Estado como parte de una reingeniería integral del gasto público para eliminar instituciones inoperantes, fusionar entre sí las agencias cuyas misiones son complementarias, y transparentar el costo real de la nómina del Estado.

Además, el documento: declaración de la Primera Cumbre por la Producción Nacional, que contiene 18 puntos o propuestas, indica que se debe impulsar, desde la Banca Estatal y la Privada, una política de disminución de los altos costos de intermediación financiera, para de este modo lograr una reducción significativa de las tasas de interés a niveles comparables con los países con los cuales compiten los productores dominicanos.

Los industriales explican que se debe alcanzar un Pacto Político e Institucional, a través de una gran concertación nacional para lograr una auténtica separación de poderes e instaurar una verdadera independencia del Ministerio Público, de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, del Defensor del Pueblo y de las distintas Superintendencias.

Agrega que proponen castigar de manera contundente a los culpables de los casos de corrupción en proceso y pendientes, así como declarar la guerra total a la corrupción y a la impunidad, con el fin de restablecer la necesaria confianza entre todos los estamentos de la sociedad dominicana.

Sugieren que se debe modificar la Ley de Hidrocarburos y eliminar todas las resoluciones que han elevado los impuestos a los combustibles, transparentar el otorgamiento de subsidios, y facilitar la transición ecológica a los pequeños empresarios del transporte, de modo que, en coordinación con la política de transporte estatal puedan formalizarse, mejorar sus niveles de productividad y brindar un servicio más cómodo, más eficiente y más económico.

Declaración de la Primera Cumbre por la producción nacional

La Alianza Empresarial por la Producción Nacional (la ALIANZA), en ocasión de la celebración de su Primera Cumbre por la Producción Nacional: “Propuestas de Políticas Públicas para Relanzar el Sector Productivo de la República Dominicana”, realizada el 2 de diciembre del año 2018, con la participación de representantes de todas las organizaciones que la conforman, emite la siguiente DECLARACIÓN:

CONSIDERANDO PRIMERO: Que la ALIANZA, a través de todas las organizaciones que la conforman, ha decidido la realización de esta Primera Cumbre para unificar la visión de nuestros gremios en pro de una agenda de relanzamiento de todos los sectores productivos de la República Dominicana.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la Constitución en su Artículo 218 establece que “(…) el Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social”.

CONSIDERANDO TERCERO: Que los crecientes niveles de inseguridad ciudadana y jurídica, combinados con los casos de corrupción e impunidad, están causando graves impactos sociales, culturales, políticos y económicos.

CONSIDERANDO CUARTO: Que, por su considerable capacidad de generación de empleos, los encadenamientos productivos entre la agricultura y la industria local, con los sectores zona franca, turismo y comercio son vectores fundamentales para alcanzar las metas de crecimiento sostenible e incluyente trazadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

CONSIDERANDO QUINTO: Que los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por la República Dominicana han permitido la entrada masiva y maliciosa de bienes importados que han desplazado la producción nacional, lo que ha provocado la destrucción de muchos empleos rurales, el deterioro profundo de la balanza comercial y la dramática pérdida de competitividad de los sectores productivos.

CONSIDERANDO SEXTO: Que, a pesar de haberse declarado el 2018 como “Año del Fomento a las Exportaciones”, no se ha logrado un marco de políticas más favorables en materia de competitividad, para que los productores dominicanos puedan aprovechar plenamente los grandes mercados de exportación cuyo acceso permiten los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por la República Dominicana.

CONSIDERANDO SEPTIMO: Que el recién establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular de China representa un desafío histórico para los sectores productivos de la República Dominicana, con amenazas muy concretas, pero también reales oportunidades de crecimiento.

CONSIDERANDO OCTAVO: Que, además de que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en sus artículos 35 y 36, manda a que las fuerzas políticas, económicas y sociales firmen un pacto eléctrico y un pacto fiscal, se requieren otros pactos de carácter social, político y económico que esta Alianza presentará.

CONSIDERANDO NOVENO: Que la crisis permanente del sector eléctrico genera altos costos operativos y pérdidas de competitividad a los sectores productivos de la República Dominicana, lo que obliga a redefinir niveles de compromiso con mayor transparencia para posibilitar la firma de un Pacto Eléctrico mejorado.

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) requieren de un tratamiento tributario más justo y mejor adaptado a las realidades de este sector, y que les permita facilitar su formalización y lograr sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo.

CONSIDERANDO DECIMOPRIMERO: Que la excesiva concentración de los mercados, relacionada a situaciones de monopolio y oligopolio, genera grandes distorsiones en una economía de mercado como la de la República Dominicana, en violación de lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia.

CONSIDERANDO DECIMOSEGUNDO: Que la Ley 16-92 que aprobó el Código Laboral necesita urgentes actualizaciones para modernizar el mercado laboral, y acelerar la creación de empleos formales en un ámbito de competitividad y flexibilidad, siempre respetando los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras.

CONSIDERANDO DECIMOTERCERO: Que la Ley 87-01 que creó el Sistema dominicano de seguridad social no garantiza pensiones dignas a los afiliados, ni tampoco ha permitido el financiamiento a largo plazo de las actividades productivas, lo que obliga a repensar completamente el andamiaje vigente de los Fondos de Pensiones.

CONSIDERANDO DECIMOCUARTO: Que las graves distorsiones del mercado de hidrocarburos, y los exagerados impuestos que gravan a los combustibles han generado niveles de sobreprecios insoportables, muy por encima de los países de Centroamérica con los cuales los productores dominicanos deben de competir.

CONSIDERANDO DECIMOQUINTO: Que la combinación de altos costos y baja calidad en el Sistema de Transporte de carga constituye uno de los problemas que mayor impacto negativo tiene en la productividad de las empresas.

CONSIDERANDO DECIMOSEXTO: Que, dentro de los problemas enfrentados por las MIPYMES dominicanas, el acceso al crédito formal en condiciones financieras más favorables sigue siendo uno de los principales obstáculos a la mejora de los incipientes niveles de competitividad de la mayoría de las MIPYMES.

CONSIDERANDO DECIMOSEPTIMO: Que, a pesar de ser asunto de seguridad nacional además de un objetivo constitucional, la Seguridad Alimentaria se ve todavía afectada por la ausencia de políticas públicas que respalden el enorme potencial agropecuario y agroexportador del país como pilar del desarrollo económico y social de la República Dominicana.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el trece (13) de junio de 2015.

VISTA: La Ley No. 1-12, de fecha veinticinco (25) de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

VISTA: La Ley No. 8-90, de fecha quince (15) de enero de 1990, sobre Fomento de Zonas Francas.

VISTA: La Ley No. 11-92, de fecha dieciséis (16) de mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario.

VISTA: La Ley No. 16-92, de fecha veintinueve (29) de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo.

VISTA: La Ley No. 16-95, de fecha veinte (20) de noviembre de 1995, sobre la Inversión Extranjera.

VISTA: La Ley No. 64-00, de fecha dieciocho (18) de agosto de 2000, sobre Medioambiente y Recursos Naturales.

VISTA: La Ley No. 87-01, de fecha nueve (9) de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

VISTA: La Ley No. 98-03, de fecha diecisiete (17) de junio de 2003, que crea el Centro Dominicano de Promoción de Inversiones de la República Dominicana.

VISTA: La Ley No. 392-07, de fecha cuatro (4) de diciembre de 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial.

VISTA: La Ley No. 42-08, de fecha veinticinco (25) de enero de 2008, sobre la Defensa de la Competencia.

VISTA: La Ley No. 488-08, de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2008, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), y su modificación mediante la Ley No. 187-17 que fija la clasificación de las MIPYMES y su registro empresarial.

VISTA: La Ley No. 688-16 de Emprendimiento, de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2016, que crea el marco regulatorio para, mediante el establecimiento de incentivos y la eliminación de obstáculos, promover la creación de emprendimientos formales que puedan desarrollarse en el mercado nacional e internacional.

VISTA: La Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2017.

VISTA: La Resolución No. 38-01, de fecha veintiocho (28) de febrero de 2001, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

VISTA: La Resolución No. 63-01, de fecha dos (2) de abril de 2001, que aprueba el Tratado Marco de Libre Comercio con Centroamérica (TLCARD), sus Protocolos y sus Addéndums.

VISTA: La Resolución No. 357-05, de fecha nueve (9) de septiembre de 2005, que aprueba el Tratado de Libre Comercio (DRCAFTA) suscrito entre la República Dominicana-Centroamérica y los Estados Unidos de América.

VISTA: La Resolución No. 453-08, de fecha veintisiete (27) de octubre de 2008, que aprueba el Acuerdo de Asociación Económica entre los estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus estados miembros, por otra parte.

VISTO: El Decreto 389-17 que crea el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

VISTO: El Decreto 437-17 que declara el año 2018 como “Año del Fomento a las Exportaciones”.

Por tanto, la ALIANZA PROPONE:

PRIMERO: Concertar, además de los Pactos Eléctrico y Fiscal, un Pacto Económico y Social por la Producción Nacional que contemple: la disminución de las tasas impositivas; la implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal; una reglamentación especial en materia laboral para el caso de las micro-empresas; la redefinición del andamiaje actual del sistema de pensiones; y, un marco de políticas públicas favorables a la producción nacional.

SEGUNDO: Implementar un Sistema Simplificado de Tributación, para sustituir los onerosos cobros de anticipo de impuesto sobre la renta presunta y de pago del impuesto mínimo sobre los activos, por un sistema que combine pagos de mono-tributos con mecanismos de retenciones en la fuente por parte de los suplidores de bienes y servicios, liberando así a los pequeños contribuyentes de las múltiples y engorrosas declaraciones mensuales.

TERCERO: Otorgar una amnistía fiscal lo más amplia posible, como parte de un plan integral de formalización y transparentización de la economía, para permitir a los micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias regularizar su situación de cara a los tributos y la seguridad social.

CUARTO: Revisar y simplificar el organigrama de todas las instituciones del Estado, como parte de una reingeniería integral del gasto público, para eliminar instituciones inoperantes, fusionar entre sí las agencias cuyas misiones son complementarias, y transparentar el costo real de la nómina del Estado.

QUINTO: Implementar una estrategia agresiva de reducción de la deuda pública, de modo que el Estado pueda recobrar su capacidad de invertir en la provisión de bienes públicos, más especialmente en materia de educación y de salud pública, para reducir la brecha social y mejorar la competitividad de las empresas.

SEXTO: Impulsar, desde la Banca Estatal y la Privada, una política de disminución de los altos costos de intermediación financiera, para de este modo lograr una reducción significativa de las tasas de interés a niveles comparables con los países con los cuales compiten los productores dominicanos.

SEPTIMO: Crear sistemas innovadores de garantías, y revisar las reglas actuales de calificación de riesgos, para facilitar y ampliar el acceso al crédito a todas las empresas.

OCTAVO: Alcanzar un Pacto Político e Institucional, a través de una gran concertación nacional, para lograr una auténtica separación de poderes, e instaurar una verdadera independencia del Ministerio Público, de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Suprema Electoral, del Defensor del Pueblo y de las distintas Superintendencias.

NOVENO: Castigar de manera contundente a los culpables de los casos de corrupción en proceso y pendientes, así como declarar la guerra total a la corrupción y a la impunidad, con el fin de restablecer la necesaria confianza entre todos los estamentos de la sociedad dominicana.

DECIMO: Elaborar políticas que permitan reducir drásticamente los crecientes niveles de delincuencia, criminalidad y violencia de género, a través de la mejora de los niveles de salario y capacitación de los policías y militares, después de un profundo proceso de depuración de los organismos de seguridad y una verdadera reforma de la Policía Nacional.

DECIMOPRIMERO: Instaurar mecanismos permanentes de evaluación transparente de desempeño y rendición de cuentas para todos los actores públicos y privados del sector energético, incluyendo los sub-sectores de la electricidad y de los combustibles, en beneficio de la población y del desarrollo sostenible de la economía.

DECIMOSEGUNDO: Modificar la Ley de Hidrocarburos y eliminar todas las resoluciones que han elevado los impuestos a los combustibles, transparentar el otorgamiento de subsidios, y facilitar la transición ecológica a los pequeños empresarios del transporte, de modo que, en coordinación con la política de transporte estatal, puedan formalizarse, mejorar sus niveles de productividad y brindar un servicio más cómodo, más eficiente y más económico.

DECIMOTERCERO: Construir una estrategia de corto, mediano y largo plazo, con la inclusión de todos los sectores alrededor de encadenamientos productivos y comerciales, para aprovechar mejor los grandes mercados de exportación cuyo acceso nos permiten los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país, y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China.

DECIMOCUARTO: Colocar en el centro de la agenda de desarrollo una alianza público-privada que priorice un Plan de Aceleración Productiva basado en ampliar y modernizar las capacidades de producción y exportación de la agropecuaria y la manufactura local, de modo que se alcance la seguridad alimentaria de los dominicanos, y se generen empleos formales y dignos en todo el territorio nacional.

DECIMOQUINTO: Solicitar al Poder Ejecutivo la integración de representantes de la “Alianza Empresarial por la Producción Nacional” en el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y en el Consejo Económico y Social (CES).

DECIMOSEXTO: Iniciar un proceso participativo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario 2020-2030, tal como está sugerido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de modo que nuevas políticas públicas sectoriales den una mejor coherencia a las acciones del Estado en pro del desarrollo sostenible del campo dominicano.

DECIMOSEPTIMO: Cumplir a cabalidad lo establecido en la Ley General sobre Medioambiente y Recursos Naturales, y elaborar un Pacto por el Medioambiente que comprenda una política nacional de sostenibilidad ambiental que alcance a todos los sectores productivos de la República Dominicana.

DECIMOOCTAVO: Que todas las organizaciones signatarias de esta Proclama asumen el compromiso con este Plan de Aceleración Productiva con criterios de sostenibilidad económica, financiera, social y medioambiental, de modo que el crecimiento económico permita finalmente que, tal como lo menciona la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la República Dominicana sea “(…) un país próspero, donde las personas viven dignamente (…) y con igualdad de oportunidades, y (…) que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada (…) y se inserta competitivamente en la economía global”.

Dado en Santo Domingo, a los dos (2) días del mes de diciembre del año 2018.

ALIANZA EMPRESARIAL POR LA PRODUCCION NACIONAL


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