Pfizer y BioNTech prueban vacuna contra COVID en embarazadas

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NUEVA YORK (AP) — La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech empezaron el jueves un estudio que se llevará a cabo en nueve países sobre los efectos de su vacuna contra el coronavirus en embarazadas.

Las compañías dijeron que ya se administraron las primeras inoculaciones del estudio, en el que se tiene previsto que participen 4.000 embarazadas de 18 años o más con entre 24 y 34 semanas de gestación. Algunas recibirán las dos dosis de la vacuna y a otras se les administrarán placebos, con tres semanas de diferencia.

Se realizará un seguimiento de las voluntarias por entre siete y 10 meses, dependiendo de si recibieron la vacuna o el placebo, para evaluar qué tan efectiva y segura es la vacuna en las embarazadas. Entre las participantes habrá mujeres de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Mozambique, Sudáfrica, España y Gran Bretaña.

“Las embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer complicaciones y de tener síntomas graves por el COVID-19”, dijo en un comunicado el doctor William Gruber, director de investigación y desarrollo clínico de vacunas de Pfizer. “Es fundamental que desarrollemos una vacuna que sea segura y efectiva” para ellas.

Las embarazadas fueron excluidas de estudios anteriores de la vacuna, la cual ha recibido autorización para su uso de emergencia en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

Una vez que nazcan los bebés, las mujeres a las que se les administró el placebo recibirán la vacuna real.

El estudio evaluará los efectos en los infantes durante aproximadamente seis meses, para revisar la inocuidad de la vacuna y si recibieron posibles anticuerpos que los protejan del virus por parte de sus madres.

Las compañías tienen planeado este año empezar a probar la vacuna en niños, de entre 5 y 11 años y en menores de 5 años, y revisar los efectos de su vacuna en personas con sistemas inmunes debilitados Actualmente se están revisando los resultados de su estudio en niños de 12 a 15 años.

 

 

 

SANTO DOMINGO._ La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo este jueves que el Ministerio Público sigue firme con la incorporación de pruebas contra los procesados del Caso Odebrecht.

Ortiz explicó que en la jornada de este jueves los fiscales incorporaron informes financieros del señor Tommy Galán (exsenador de la provincia San Cristóbal) y de sus empresas, cuyas informaciones  arrojan que manejó entre sus cuentas personales y sus empresas un aproximado de RD$220 millones.

Los informes fueron incorporados con la comparecencia de la testigo número 11 del Ministerio Público, la analista financiera Jissel del Carmen Paulino Cáceres.

“La testigo no puede hablar de hallazgos ilícitos porque tal y como ella repitió a varias preguntas formuladas por la misma defensa, ella no estaba buscando ilícitos penales, ella realizó una recopilación de información suministrada por la Superintendencia de Bancos y por la DGII y tabuló esas informaciones que arrojan que el imputado Tommy Galán manejó entre sus cuentas personales y sus empresas un aproximado de RD$220 millones de pesos”, dijo.

“Esa es la información que realmente ha salido en el día de hoy en el tribunal”, puntualizó, al responder preguntas de los periodistas que le cuestionaron en torno al tema tras finalizar la audiencia.

Agregó que el hecho de que las transacciones no se hayan recibido o realizado directamente desde la compañía Odebrecht, no implica que no estén relacionadas o vinculadas.

“Les reitero lo que decíamos en ocasiones anteriores: ninguna persona recibe dinero de soborno y lo deposita en sus cuentas de bancos; el sistema de corrupción no opera de esa manera, y cuando unamos estas pruebas con las demás pruebas que ustedes van a seguir viendo  en el desarrollo de este proceso, ustedes se darán cuenta del fin que tenían estos informes”, expresó.

Ortiz forma parte del equipo de fiscales que representa al Ministerio Público en el juicio, el cual encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.

Además de Galán el juicio se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el abogado Conrado Pittaluga, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.

Los seis son procesados por los US$92 millones de sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos de obras del Estado.

El Ministerio Público señaló que avanzan con la incorporación de las pruebas y dijo que el próximo lunes presentarán más evidencias a través de su testigo número 12.

Esta semana el órgano acusador tras lograr que fueran rechazadas objeciones y recursos de oposición presentados por la defensa de Díaz Rúa en busca de excluir pruebas, logró también incorporar informes financieros que establecen que este imputado ha manejado, como persona física, más de RD$400 millones y más de US$30 millones, además de que sus empresas, como entidades jurídicas, han manejado más de RD$1,500 millones.

El Ministerio Público reiteró que en total comparecerán 28 testigos con los que los fiscales continuarán incorporando evidencias lícitas e irrefutables para demostrar que los imputados incrementaron de manera exorbitante sus patrimonios mientras ejercieron funciones públicas.

Resaltó que con las evidencias continúan demostrando que los procesados violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo suspendieron el juicio hasta el próximo lunes 22 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, para escuchar la nueva testigo del Ministerio Público.

 

 

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